¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra?
El largo
camino que permitió identificar los restos de Amelia Sanjurjo
May 29, 2024 Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )
Luvis
H. Pareja
Casi un años
pasaron entre que la retroexcavadora levantó un cráneo en un predio militrar
del sur de la ciudad de Toledo, en el monte del Batallón de Infantería de
Paracaidistas 14 y el dia en que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
anunció que se podía afirmar con precisión que los restos eran de una mujer.
En realidad,
los huesos aparecieron el 6 de junio de 2023 y 16 días después la organización
comenzó el largo periplo, que incluyó exhumaciones, toma de muestras y búsqueda
de familiares, para poder llegar a la identidad. La lista oficial de la
Secretaría de Derechos Humanos decía por junio de 2023 que había 39
desaparecidas cuyos restos aún no fueron encontrados.
Del fémur
hallado en el Batallón 14 y enviado al laboratorio forense en Córdoba,
Argentina, se obtuvo un “perfil genético completo”. Pero cuando los
investigadores fueron a contrastar con el banco de datos, no lograron la
coincidencia con ninguna de las muestras de familiares de 21 desaparecidas. De
otras 12 no pudieron pesquisar porque la información eran insuficiente, y de
seis no había muestras de familiares.
Cuando en
julio de 2023 se conoció que los restos correspondían a una mujer, la
antropóloga Alicia Lusiardo explicó que la causa de muerte había sido
«violenta» y por «acción de terceros», en un contexto de «privación de
libertad, malos tratos o torturas». En los restos se identificaron traumatismos
en la columna cervical, la mandíbula y las costillas. Ahora se sabe que se
trataba de Amelia Sanjurjo.
De las 39,
había tres que se sabe que estuvieron secuestradas en Uruguay y fueron vistas
por última vez en territorio uruguayo. Elena Quinteros y María Claudia García
de Gelman fueron descartadas por el estudio de ADN. Pero de Amelia Sanjurjo, la
tercera en cuestión, no había muestras “suficientes” para comprar con la
información genética.
«Hoy se
confirmó la identidad de los restos hallados en el año 2023 en el Batallón 14.
Se trata de Amelia Sanjurjo, desparecida en 1977. Reafirmando el compromiso del
gobierno con la búsqueda de personas desparecidas, hoy una familia y el Uruguay
todo encuentra un poco más de paz», señaló el presidente Luis Lacalle en su
cuenta de X, desviando la atención del escándalo en su partido.
Para la
precandidataa presidencial frenteamplista Carolina Cosse, el hallazgo significa
“devolverle un pedacito de dignidad al Uruguay”; Laura Raffo, del Partido
Nacional, pidió seguir trabajando “para que se sepa lo que pasó con cada uno de
los desaparecidos”
En busca de
más desaparecidos
El director de
la Institución Nacional de Derechos Humanos Inddhh), Wilder Tayler, anunció
este martes nuevos lugares de excavación en busca de los restos de detenidos y
desaparecidos durante la dictadura cívico-militar uruguaya. El anuncio se hizo
luego de que se confirmara que los restos encontrados un año atrás en el
Batallón 14 corresponden a la militante juvenile comunista Amelia Sanjurjo.
En el Batallón
14, hay «dos máquinas a full» que siguen excavando, en un trabajo coordinado
con los investigadores que están «revisando enormes cantidades de información y
entrevistando testigos». Se trata de un área que no había sido explorada
anteriormente y está ubicada en los «fondos del Galpón 4 del SMA, conocido como
el 300 Carlos», donde entre 1975 y 1977 pasaron «unas 500 personas».
300 Carlos,
conocido también como «Infierno Grande» o «La Fábrica», fue un centro
clandestine de detención y tortura (CCDT) que funcionó desde principios de
noviembre de 1975 hasta mediados del año 1977. Ocho personas desaparecidas
estuvieron allí detenidas: Carlos Arévalo, Juan Manuel Brieba, Julio Correa,
Julio Escudero, Otermín Montes de Oca y Elena Quinteros, secuestrada en predios
de la embajada venezolana en Montevideo.
Amelia
Los padres de
Sanjurjo y su única hermana habían fallecido. Los sobrinos de Amelia estaban en
el exterior y ella no tuvo hijos, pese a que los testimonios hablan de que
estaba embarazada de tres meses al momento de la detención. Con esa hipótesis
en la cabeza, Familiares, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el
equipo de antropólogos comenzaron a buscar. La información genética que había
de su hermana no era suficiente por sí sola para confirmar la identidad.
Por eso, el
objetivo inicial era encontrar a los padres enterrados para extraer una muestra
de ADN. El padre había sido enterrado en los nichos tubulares del cementerio
del Norte y luego reducido, por lo cual no existía posibilidad alguna de
hallarlo. La madre, en cambio, había fallecido hace poco más de dos décadas y
enterrada en un panteón de la extinta mutualista Casa de Galicia, no pudieron
ser encontrados
Entonces, los
investigadores apuntaron a sobrinos y primos. Dieron con sobrinos que vivían en
el exterior y también con una tía que había fallecido y que pudieron exhumar.
La suma de los ADN de los sobrinos, más esa tía y lo que había de la hermana
fueron suficientes para llegar a esa coincidencia del 99,99%, informó Wilder
Tayler.
Con los restos
de Amelia Sanjurjo son 35 los desaparecidos durante la última dictadura que
fueron identificados. Todavía hay otros 162 que no se sabe dónde están.
Es el tercer
caso en el que se encuentran restos en el Batallón 14: antes habían sido los
del maestro Julio Castro y Ricardo Blanco. En total, son siete los restos
encontrados en Uruguay: Fernando Miranda y Eduardo Bleier en el Batallón N°13,
los tres del Batallón 14, Ubagesner Cháves Sosa en una chacra de la Fuerza
Aérea y el caso de Roberto Gomensoro que fue encontrado en el Lago de la
represa del Rincón del Bonete en 1972. Los otros 29 fueron identificados en Argentina o algún otro país de la región.Tres
hombres vestidos de civil y con botas negras ingresaron a la casa que Amelia
alquilaba en el barrio Colón, al noroeste de Montevideo. Allí la esperaron y la
detuvieron. Era comienzos de noviembre de 1977. Era secretaria de organización
de la seccional novena del Partido Comunista y trabajaba en la editorial “Mundo
Libro”, en la Ciudad Vieja montevideana.
Tras 357 días
de ardua labor, los expertos forenses lograron identificar a Amelia Sanjurjo,
la militante comunista secuestrada el 2 de noviembre de 1997, estando
embarazada, y que luego fue torturada. asesinada y enterrada en un batallón
militar de La Tablada, cercano a Montevideo
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
LOS HUESOS DE MI HERMANO NO ESTAN EN ESA GRAN SUBASTA MERCANTIL, DONDE LA CONFESION SE CAMBIA CON HUMILLACION
Jacqueline Barrios, testigo del crimen de las Muchachas de abril, conversó este jueves con Subrayado en la previa al acto reparatorio del Estado uruguayo por los crímenes de las tres chicas en 1974 y la desaparición de Luis Eduardo González y Oscar Tassino. Es un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado en el homicidio de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, durante la dictadura, fue encabezado por la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General y el Senado, Beatríz Argimón.
Jacqueline contó que su hermano Washington estaba muy presente y que siempre se preocupaba por ella, era un "hermano-papá". Silvia era muy buena y hacían una linda pareja porque eran compatibles.
Washington trabajaba en una agencia marítima y allí conoció a Silvia cuando fue a comprar un pasaje. "Él quedó ya impactadisimo con Silvia", relató. Se casaron el 3 de octubre de 1973. Washington militaba en el Movimiento 26 de Marzo y ella lo acompañaba. Silvia había realizado militancia estudiantil.
El día del asesinato, Washington viajó a Buenos Aires y se despidió de Silvia en la mañana quien pasó la tarde en su casa. "La última vez que la vimos fue 23.30", contó Jacqueline, cuando fue a ver a su madre. La cuñada de Silvia recordó que en horas de la madrugada se despertaron con golpes en la puerta y gritos, "se sentían así como disparos", dijo. Y añadió: "Mi padre abrió y era una nube de militares y preguntaban dónde está Washington Barrios". El papá de Washington abrió la puerta y luego de preguntarle el nombre lo tironearon, pero otros militares dijeron que el hombre no tenía nada que ver, ya que buscaban a alguien con ese mismo nombre; ese era su hijo. "A ese no lo maten porque es el padre", recordó.
Los efectivos preguntaron por él y su mamá respondió que se encontraba en Buenos Aires, pero les dijo que estaba su nuera que estaba embarazada, "que tuvieran mucho cuidado con lo que iban a hacer porque ya se veía que la cosa venía complicada", relató. Seguidamente, fueron conducidos a su habitación y dos soldados los apuntaban con un arma. "Cerraron la puerta y se fueron y empezó el tiroteo (...) en el medio se sintieron gritos", relató. Y añadió: "Cuando mi padre vuelve le dice a mi madre, pero yo lo escuché porque estaba sentada al lado de ella, vi que sacaban tres cuerpos. Y bueno, estuvieron toda la noche en casa interrogando a mi padre, a mi madre, a mi también me interrogaron. Fue duro, difícil".
Jacqueline recordó que a partir de ese momento, comenzaron los patrullajes. El día 20 de octubre, el teniente coronel, José Gavazzo fue a su casa con una nota de Washington que decía "viejitos en poco tiempo nos vamos a ver". Ella, en ese momento, intuyó que no lo volvería a ver y así fue. "Eso no lo superas nunca", concluyó.
Chargoñia es representante legal de Gabriela Schroeder Barredo -hija de Rosario Barredo y de Gabriel Schroeder-, de Jacqueline Barrios -hermana de Washington Barrios (desaparecido en argentina 1974)- y de las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz
Se trata de uno de los episodios más horrendos de la historia de este país, en tanto que trasciende fronteras, implicó desapariciones, implicó magnicidio, como el caso de los legisladores (Zelmar Michelini – Héctor Gutiérrez Ruiz), secuestros de niños y coordinación internacional en el marco del Plan Cóndor
Este caso comienza con la iniciativa de Gabriela Schroeder, hija de Rosario Barredo, que estuvo secuestrada, siendo una niña de cuatro años, junto con sus hermanitos, en un centro clandestino de detención. Durante muchos años, se pensó que ese centro clandestino era Orletti, pero investigaciones judiciales argentinas más recientes, se lo ubicó en un lugar cercano llamado centro clandestino Bacacay (Buenos Aires), allí estuvieron Gabriela y sus hermanos. A partir de esa revelación, Gabriela tenía interés en poner el foco en su propia peripecia, que nunca había sido investigada por la justicia uruguaya. Entonces, con nuestro patrocinio, decide presentar la denuncia en la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en 2020 ¿Por qué allí? Porque de acuerdo al nuevo Código del Proceso Penal, las denuncias posteriores a la entrada en vigencia del nuevo Código, 1º de noviembre de 2017, no importa la fecha del crimen, las nuevas denuncian se tramitan de acuerdo al nuevo Código. Esto quiere decir, que la investigación está a cargo de la Fiscalía y luego interviene un juez para la formalización. Ese es el origen de la nueva causa. A partir de esa iniciativa, se suman las familias de Gutiérrez Ruiz y de Michelini. Luego, en la investigación del propio fiscal Perciballe, encontró que hay otros casos, incluso que podríamos calificar de emblemáticos, o de muy trascendentes, que nunca fueron investigados judicialmente, por ejemplo el caso de Macarena Gelman o el caso de Mariana Zaffaroni, con lo que la causa pasa a ser mucho más amplia que estos hechos de mayo del 76. Ese es el inicio de esta causa y como reflexión, se trata de uno de los episodios más horrendos de la historia de este país, en tanto que trasciende fronteras, implicó desapariciones, implicó magnicidio, como el caso de los legisladores (Zelmar Michelini – Héctor Gutiérrez Ruiz), secuestros de niños y coordinación internacional en el marco del Plan Cóndor.
En principio fueron identificados seis funcionarios del Estado, de los cuales cuatro sobreviven, y que son Ricardo Arab, Ricardo Medina, Jorge Silveira y Ernesto Ramas, dos fallecieron en el transcurso de esta investigación (Gilberto Vázquez y José Gavazzo)
A medida que se iba desarrollando la investigación y en ese sentido coincidimos con el planteo que hace la Fiscalía, porque en nuestras denuncias consideramos que el Servicio de Información y Defensa es un actor inevitable, el SID, que dependía directamente de la Junta de comandantes en jefe, era la oficina central de investigación, de inteligencia, de persecución y finalmente de crimen. (El SID) estaba conformada por agentes que no eran muchos, según los investigadores que han desarrollado estudios académicos, y a partir de la desclasificación de archivos, obtuvieron conclusiones de esta naturaleza. Era un cuerpo híper especializado, de élite, que recolectaba información sobre lo que consideraban los enemigos del régimen, y con toda esa información, organizaban junto con otras agencias, con la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la persecución de los enemigos de la Dictadura. Por lo tanto, el foco había que ponerlo inevitablemente en el Servicio de Información y Defensa. En principio fueron identificados seis funcionarios del Estado, de los cuales cuatro sobreviven, y que son Ricardo Arab, Ricardo Medina, Jorge Silveira y Ernesto Ramas, dos fallecieron en el transcurso de esta investigación (Gilberto Vázquez y José Gavazzo), lo que habilita otra reflexión, y es acerca de lo tardío de la justicia que muchas veces hace que se hipotequen las posibilidades de una justicia real. Hay personajes notorios y claves en la actuación de la represión en territorio argentino, que no van a comparecer en este juicio, que fueron procesados y condenados en otro juicio, pero que no van a comparecer en este juicio. Entonces, hay una imputación respecto a estos cinco ex funcionarios de la dictadura.
La conclusión es que todo fue planificado como una política de Estado, inevitablemente se trató de un crimen de Estado. Tengo una vieja publicación de Claudio Trobo que tituló su libro “¿Quién mató a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz?”
Muchos de ellos está fallecidos y muchos fueron mencionados en la investigación, es el caso de (Juan Antonio ) Rodríguez Buratti, Amauri Prantl y algunos otros. Eso tiene que ver con esa impunidad político –biológica, que es una de las características de la llamada “Justicia Transicional”, se dice así en el mundo académico, una justicia tardía a partir de que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, en general no tienen una reacción de la justicia inmediata y eficiente. Uruguay ha sido cuestionado a nivel internacional. Digo política – biológica, porque es la combinación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que estuvo vigente hasta el año 2011, más la circunstancia de que las personas van muriendo. Lo más dramático, es que las propias víctimas también van muriendo sin encontrar justicia. En el desarrollo de la investigación que hace la fiscalía especializada, hay un repaso de todo el período de represión, que va del 74 al 76, no solamente en mayo del 76 sino en 17 operativos que hubieron previo al año 76 y 14 operativos posteriores a mayo del 76, y la conclusión es que todo fue planificado como una política de Estado, inevitablemente se trató de un crimen de Estado. Tengo una vieja publicación de Claudio Trobo que tituló su libro “¿Quién mató a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz?”, y hay otras publicaciones con el título de crimen de Estado, efectivamente este es un ejemplo, lo de los magnicidios, los crímenes de mayo del 76, pero también todos los otros operativos de graves violaciones a los derechos humanos, donde se cometieron homicidios, desaparición forzada, abuso de autoridad contra el detenido. Uso la terminología del Código Penal vigente, lo que hacían con los detenidos eran torturarlos y arrancarle declaraciones mediante tortura, y lesiones graves. Además, la imputación de rapiña que hace por primera vez el sistema judicial uruguayo, porque algo que formaba parte de toda esta cantidad de operativos en Argentina, pero con sus vehículos inevitables a operativos en Uruguay, implicaban la obtención de botines de guerra. Todas esas imputaciones refieren a la comisión de crímenes desde la burocracia estatal terrorista y es un ejemplo paradigmático, el enfoque de la investigación tiene ese sentido.
El ataque contra los niños es un asunto que debe merecer la mayor atención y forma parte de esta solicitud de formalización del fiscal Perciballe
Sí, es uno de los espantos de la impunidad, que no se conozcan esas situaciones, en las que el grado de malignidad se lleva a extremos impensables, por eso además del caso de Gabriela y sus hermanos, está incluido el caso de Macarena Gelman, además hace bien la Fiscalía en advertir que la Corte Interamericana le exige al Estado uruguayo investigar. Hubo una sentencia de condena a Uruguay por el caso Gelman, fue por la desaparición calificada como homicidio contra la madre de Macarena Gelman, María Claudia García, el delito en el caso de Macarena Gelman es sustitución y supresión de estado civil, le alteran la identidad, esta situación nunca fue investigada por la justicia uruguaya y esta es la primera vez que eso ocurrió y ocurre en gran medida porque desde este organismo jurisdiccional internacional, como la Corte Interamericana, le está diciendo al Estado uruguayo “usted tiene la obligación de juzgar estos crímenes”, lo mismo en el caso de Mariana Zaffaroni, que nunca fue juzgado, y los hijos de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, militantes del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo), que fueron desaparecidos, fue el primer caso de procesamiento de militares y de policías en Uruguay en el año 2006 respecto de los padres, pero no de los niños. Los hijos de Soba estuvieron en automotores Orletti, era un centro clandestino de detención, fueron trasladados ilegalmente por algunos de los personajes del SID, en vuelos comerciales con identidad alterada. Por lo tanto, también se investiga el caso de los de los hijos de Soba y Mechoso. El ataque contra los niños es un asunto que debe merecer la mayor atención, y forma parte de esta solicitud de formalización del fiscal Perciballe.
La trascendencia del asesinato de legisladores, evidentemente tiene una fuerza y se impone, y en cierta medida, otros homicidios igualmente aberrantes, quedan en una especie de cono de sombra, que es lo que Gabriela (Schroeder) intenta romper
La trascendencia del asesinato de legisladores, evidentemente tiene una fuerza y se impone, y en cierta medida, otros homicidios igualmente aberrantes, quedan en una especie de cono de sombra, que es lo que Gabriela (Schroeder) intenta romper. En lo personal, transmito y retransmito la posición de las familias, tanto de la familia de Gabriela, como de las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz, no sostienen y no quieren sostener una hipótesis en particular, muchas veces han operado servicios de contra inteligencia, rumores, alteraciones, versiones interesadas para encubrir y producir impunidad, y para distraer la investigación. Entonces, en ese sentido, quieren ser muy cautos respecto a hacer hipótesis, lo que sí puedo señalar, es que hay una teoría, la fiscalía tiene que elaborar un caso para hacer una imputación, ¿por qué imputarles a estos individuos la comisión de estos crímenes? La teoría de la fiscalía, comienza por el caso de los fusilados de Soca, una de las primeras acciones de represión en el año 1974, la obtención de información respecto de las divisiones dentro del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) tomadas en el exilio con corrientes, algunas que querían mantener la tradición de la acción armada y otras que querían organizarse políticamente de otra manera, tomar contacto con otros uruguayos en el exilio, entre ellos Gutiérrez Ruiz y Michelini, ese tipo de información aparece como relevante para la teoría de la Fiscalía, porque da cuenta de que efectivamente, otra vez el Servicio de Información y Defensa iba a operar respecto de esas divisiones dentro del MLN en el exilio e iba a incidir en las nuevas agrupaciones políticas en las que participan los legisladores en Buenos Aires para enfrentar la dictadura y querían dar un golpe muy intenso respecto a eso. Es decir, es imposible desligar el crimen de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, de una acción política en el sentido de acumulación de información del servicio de inteligencia, operando sobre todas las actividades que se estaban desarrollando, y que cuya información provenía de las detenciones y de interrogatorios bajo tortura, lo mismo respecto del caso de la desaparición de Manuel Liberoff. Hay otro elemento que compone la teoría del fiscal, que era la obtención del botín de guerra, este botín implicaba una ventaja económica que pretendían los represores en coordinación con Argentina. Es decir, que aun cuando no se identifica en el estado actual de la investigación, los ejecutores materiales de los disparos contra los cuatro cuerpos, Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo, aun cuando no están identificados en el estado actual de la investigación, si están identificados los coautores que permiten que todo eso ocurra, que el secuestro ocurra, que aparezca además como una operación de inteligencia, evidente, porque los cuerpos aparecen junto con unos volantes falsos que le atribuyen los homicidios a una reacción de algunos grupos de la izquierda que consideran algunos de los escindidos del MLN como traidores. Todo esto es evidentemente una operación, como se sabe es una operación falsa y de propaganda, y se sabe porque hay sobrevivientes de los secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz, donde vieron quienes eran los secuestradores, agentes del Estado argentino y seguramente operando en forma coordinada con uruguayos. O sea, una operación de inteligencia para atacar figuras políticas relevantes en el año 76, que se estaban reuniendo en Argentina para enfrentar a la dictadura. Otra parte, tal vez con una mayor necesidad de investigación en este marco, que sería interesante que se pudiera seguir avanzando, que refiere a la actuación del entonces ministro de economía Vegh Villegas, que viajó a Buenos Aires y que podría formar parte de una línea de salida democrática en el año 76, contra las posiciones más duras y continuistas, la teoría sería que estos asesinatos implicaron el triunfo de la línea más dura y el fracaso de las situaciones de diálogo y negociación que están probadas. Efectivamente Zelmar Michelini tuvo diálogo con Végh Villegas en búsqueda de alguna salida a la situación que se planteaba en ese momento.
El fiscal (Perciballe) tiene un máximo de un año para hacer la imputación, cuánto tiempo y cuántos meses le llevará presentar la acusación no lo sabemos
Ese es el plazo máximo, dependerá de lo que estábamos hablando, del estado de la investigación, tiene una acumulación de evidencia muy importante, tan importante que el juez Fernando Islas decidió que se formalizará la investigación contra la posición de las defensas de los imputados que quería que no se formalizará. Hay una evidencia acumulada muy importante respecto de lo que surge tanto de los expedientes de la justicia uruguaya, no olvidemos que por el caso de Michelini – Gutiérrez Ruiz, fueron condenados (Juan María) Bordaberry, Juan Carlos Blanco (exministro Relaciones Exteriores), por lo tanto, hay una acumulación de información importante, condenados en su momento los civiles porque estaba vigente la Ley de Caducidad y no se podía hacer nada respecto de los militares. También hay colaboración vía fiscalía argentina de mucha información de la justicia argentina. Insisto con esto, hay testimonios relevantes de los sobrevivientes, personas que vieron a agentes del Estado uruguayo, vieron a Manuel Cordero, a Gilberto Vázquez y a (José) Gavazzo, operando en territorio argentino, como están fallecidos (Vázquez y Gavazzo) ya no forman parte de la imputación. El fiscal (Perciballe) tiene un máximo de un año para hacer la imputación, cuánto tiempo y cuántos meses le llevará presentar la acusación no lo sabemos, pero es el paso que sigue, la acusación de cuatro imputados (Ricardo Arab, Ricardo Medina, Jorge Silveira y Ernesto Ramas).
